En breve
- El Decreto 684/2020 crea el Catálogo de Software (CdeS) y el Repositorio de Software Público (RSP) en la Subsecretaría de Gobierno Digital.
- Define software público como la solución desarrollada, utilizada y distribuida para cumplir objetivos gubernamentales y sociales, con documentación y requisitos de calidad, accesibilidad y usabilidad.
- La Resolución 225/2020 reparte funciones y aprueba el Anexo Único de Política de Software Público, que define la soberanía tecnológica como la gobernanza del Estado sobre sus sistemas.
- Recomienda el código abierto, sin imponerlo, y establece la obligatoriedad de estándares abiertos para desarrollar o adquirir sistemas nuevos.
La idea detrás de la política
La política parte de una constatación: muchos sistemas del Estado se desarrollan para resolver situaciones particulares y se pagan y mantienen una y otra vez, cuando las actividades de gobierno comparten funciones transversales. En lugar de eso, propone identificar los sistemas que pueden compartirse, evaluarlos, registrarlos y ponerlos a disposición de otros organismos.
También se plantea como respuesta a la brecha digital dentro del propio Estado: según el Anexo, los recursos informáticos se distribuyen de forma desigual entre las dependencias, según su capacidad presupuestaria y el tamaño de su centro de cómputos. Combatirla es dotar de herramientas a las áreas con menos recursos.
Decreto 684/2020
Decreto 684/2020
Crea el Catálogo de Software y el Repositorio de Software Público
Crea los dos instrumentos centrales de la política y faculta a la Subsecretaría de Gobierno Digital para relevar, evaluar, registrar, licenciar y distribuir el software público de la Provincia.
Puntos clave
- Art. 1. Crea el Catálogo de Software (listado de sistemas que se usan en la Provincia) y el Repositorio de Software Público (donde se guarda y desde donde se recupera para instalarlo).
- Art. 2. Define Software Público: solución «desarrollada, utilizada y distribuida para facilitar el cumplimiento de objetivos gubernamentales y sociales», con la documentación necesaria y que aprueba los requisitos de calidad, accesibilidad y usabilidad.
- Art. 3. Faculta a relevar el software con un censo obligatorio, diseñar una plataforma web, evaluar y registrar, emitir licencias y fijar parámetros de aceptación (transversalidad, calidad, usabilidad, accesibilidad, documentación).
- Faculta también a articular con áreas nacionales, provinciales y municipales, universidades y actores de la sociedad civil la evaluación de seguridad, y a registrar el software ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor a nombre de la Provincia.
Instala el principio de que el software que cumple objetivos del Estado es un activo público que se registra, se evalúa y se comparte, y deja abierta la articulación con municipios, universidades y sociedad civil.
Resolución 225/2020
Resolución 225/2020
Delega facultades y aprueba el Anexo Único de Política de Software Público
Distribuye las tareas entre las direcciones provinciales y aprueba el documento que explica la política y sus principios.
Puntos clave
- La Dirección Provincial de Mejora Administrativa promueve, distribuye, registra y guarda el software público, asesora sobre estándares y metodologías, facilita convenios entre organismos que quieran compartir software y mantiene el catálogo.
- La Dirección Provincial de Sistemas de la Información y Tecnologías hace la evaluación técnica previa (transversalidad, calidad, usabilidad, accesibilidad y licenciamiento) y crea y sostiene el sitio del Repositorio.
- El relevamiento obligatorio de software puede extenderse a organismos de cualquier tipo y nivel que adhieran o celebren convenio con la Provincia.
- Se registra el software público a nombre de la Provincia ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
Es la que vuelve operativa la política y la que prevé que otros niveles (por adhesión o convenio) puedan sumarse.
Lo que dice el Anexo Único
El Anexo explica el porqué de la política. Estas son sus ideas principales:
La soberanía tecnológica requiere, en consecuencia, un rol activo del Estado para garantizar la efectiva transferencia de conocimientos, ya sea desde los proveedores al Estado, o bien, entre las distintas dependencias gubernamentales.Anexo Único de Política de Software Público, IF-2020-19151763-GDEBA-DPLYTMJGM
Un detalle a tener en cuenta: el modelo de licencia
La política incluye un modelo de licencia, la Licencia de Software Público BA (LSPBA A1), versión 1.0 (Anexo III, IF-2021-09855753-GDEBA-SSGDMJGM, abril de 2021). Según su texto, el software se cede gratis, bajo licencia no exclusiva, con derecho a instalarlo, ejecutarlo y modificarlo «para el uso exclusivo de la propia jurisdicción del licenciado».
La licencia prohíbe vender, arrendar o entregar en leasing el sistema, y veda compartirlo «atento que se entrega sin cargo alguno para el uso exclusivo de la jurisdicción». El portal de Software Público BA indica además que se complementa con documentos modelo de acta de cesión y de entrega.
Qué significa para esta iniciativa
Límites y preguntas abiertas
Fuentes oficiales
- Decreto 684/2020 · texto oficialSistema de Información Normativa y Documental Malvinas Argentinas
- Decreto 684/2020 · PDFTexto original firmado
- Resolución 225/2020 · texto oficialComplementa el decreto
- Anexo Único · Política de Software PúblicoIF-2020-19151763-GDEBA-DPLYTMJGM
- Anexo III · Licencia de Software Público BA (LSPBA A1)IF-2021-09855753-GDEBA-SSGDMJGM
- Portal Software Público BA · normativaReúne decreto, resoluciones y modelos
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